En 2019, la Municipalidad de La Victoria anunció la inauguración de un centro de monitoreo y control en un local comercial, para lo cual se instalarían 41 cámaras de reconocimiento facial. Ante los riesgos generados por la implantación de las cámaras, como la amplificación de situaciones de discriminación, las ONG Access Now e Hiperderecho presentaron una solicitud de acceso a la información pública pidiendo informes técnicos que especificasen las funciones de las cámaras y la evaluación del impacto en los derechos humanos de esta tecnología, entre otros documentos. Al analizar las respuestas de la Municipalidad, se pudo concluir que no cumplen con la Ley de Protección de Datos Personales del país. A partir de esto, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales se activó y, en 2022, decidió iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra la Municipalidad de La Victoria. Según la resolución de la autoridad, estas cámaras están inoperativas por problemas técnicos y la Municipalidad no tiene un convenio que le permita compartir los datos personales con la Policía Nacional del Perú para fines de seguridad pública. Aun así, la autoridad reconoció que los datos que captan son de carácter sensible, por lo que su uso supondría un grave problema en el futuro y decidió sancionar a La Victoria.