La demanda fue presentada a finales de 2020 por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (Odia) y cuestiona la constitucionalidad y convencionalidad del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP). La tecnología del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha permitido acceder a los datos biométricos de casi 10 millones de personas con fines de seguridad pública. La Corte reconoció la inconstitucionalidad del sistema por haber sido implementado sin cumplir con las disposiciones legales de protección de los derechos personales de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ya que los datos sólo podían ser recolectados si habían sido requeridos por la justicia. Además, se determinó que todo lo realizado por el Ministerio en el marco del SRFP quedaba anulado.
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